Las inversiones en energías renovables se ven obstaculizadas por el Gobierno de Aragón

energias renovables

El proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Aragón para gravar las inversiones en energías renovables pone en peligro el desarrollo renovable en la región y las inversiones y empleos asociados.

Las asociaciones principales del sector renovable, APPA Renovables y AEE, denuncian este impuesto en un momento crucial para el desarrollo renovable.

Las energías renovables están experimentando un fuerte crecimiento a nivel global, europeo y nacional, con un mercado que supera los 350.000 millones de dólares en inversión internacional.

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La intención del Gobierno de Aragón de crear un impuesto que frene estas inversiones en la región se contradice con este crecimiento.

Las instalaciones fotovoltaicas, los parques eólicos o las líneas eléctricas se verían afectados por el impuesto que está tramitando el gobierno aragonés, frenando la inversión en nuevos desarrollos renovables y la electrificación.

El gravamen contrario al marco fiscal europeo y a la mitigación del cambio climático, dañaría la seguridad jurídica de las inversiones en Aragón, encareciendo los proyectos y dificultando su financiación, frenando la creación de empleo y riqueza en la región.

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Aragón es una de las cinco comunidades autónomas con mayor potencia renovable instalada. Debido a su potencial eólico y fotovoltaico, se esperaba un gran desarrollo de las energías renovables, pero la creación de impuestos regionales específicos podría poner en peligro este impulso.

La política fiscal planteada pone en riesgo futuras inversiones en Aragón más allá de las relacionadas con renovables.

Nuestro país cuenta en la actualidad con ambiciosos objetivos de desarrollo renovable, teniendo como meta alcanzar el 81% de la electricidad proveniente de estas energías, y el 42% de la energía total para el año 2030, lo que implica la realización de fuertes inversiones en España en los próximos siete años.

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Establecer impuestos regionales tendrá como consecuencia que las compañías y los inversores escojan otros emplazamientos, suponiendo un perjuicio económico claro para Aragón.

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